Detalles
El informe analiza cómo la transición hacia una economía circular no solo debe centrarse en reducir residuos o mejorar la eficiencia de los recursos, sino también en garantizar que el cambio sea socialmente justo. A través de los sectores de baterías, plásticos y textiles, el documento muestra que muchas de las consecuencias ambientales y sociales recaen sobre comunidades vulnerables y países del Sur Global, mientras que los beneficios económicos suelen concentrarse en los países más desarrollados. El estudio destaca que la economía circular todavía se aborda principalmente desde una perspectiva tecnológica y económica, dejando en segundo plano cuestiones como las condiciones laborales, la desigualdad, la pobreza, la participación de las comunidades o la igualdad de género. También señala que trabajadores informales, mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales suelen quedar excluidos de los procesos de decisión y sufrir mayores impactos negativos. Como respuesta, el informe propone una “economía circular justa”, basada en tres principios: una distribución equitativa de beneficios y cargas, una participación real de los grupos afectados y el reconocimiento de los derechos, conocimientos y necesidades de las comunidades más vulnerables. Además, subraya que las políticas públicas, la formación, la transparencia y la medición de impactos serán claves para asegurar que la transición circular contribuya tanto a la sostenibilidad ambiental como a la justicia social.
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