No cabe duda hoy en día de que las empresas están totalmente concienciadas y comprometidas con la importancia de abordar el cambio climático. Para ello, la medición y reducción de su huella de carbono se ha convertido en una prioridad y en una herramienta esencial para abordar tanto las obligaciones derivadas del Pacto Verde Europeo como de los compromisos marcados por sus propias estrategias.

 Sin embargo, la incertidumbre sobre la obligatoriedad en el cálculo y registro de la huella de carbono derivada de la actualización del RD 163/2014 (sometida a consulta pública en 2022) por aplicación de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, junto con los requisitos de reporte en esta materia establecidos en la directiva 2022/2464 relacionada con la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, pueden desincentivar a las empresas en el desarrollo de la metodología y uso de esta herramienta. A este contexto también hay que añadir la distorsión normativa que ocasionan los diferentes enfoques de las leyes autonómicas de cambio climático.

En este informe, se presenta la situación de las empresas españolas frente al registro de huella de carbono, analizando el grado de avance en el cálculo tanto de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero como en la implantación de medidas para mitigar y compensar su impacto.